Gaiman
Gaiman impugnó probation de Soto Payva y el juez definirá si hay juicio oral
El municipio exigió la nulidad de la probation negociada entre la fiscalía y la defensa del médico imputado. La resolución del juez Fabio Monti definirá si el caso va a juicio oral.
El miércoles 20 de mayo se realizó ante el juez Fabio Monti, en los Tribunales de Trelew, una audiencia clave en la causa que investiga la falsificación masiva de certificados médicos para carnets de conducir profesionales en el Valle Inferior del Río Chubut. El imputado es el Diego Soto Paiva, médico policial y gerente de centros médicos habilitados en la región.
El municipio de Gaiman, denunciante original del fraude, se presentó para impugnar un acuerdo que la Fiscalía y la defensa del médico habían negociado sin notificar al municipio: una suspensión del juicio a prueba que le permitiría a Soto Paiva evitar el juicio oral a cambio de una reparación económica menor y presentaciones periódicas en la comisaría.
Monti escuchó los argumentos de todas las partes y dictó un cuarto intermedio. La resolución se conocerá durante la semana próxima y definirá si el caso avanza hacia un juicio oral o si se convalida la probation.
Qué son los carnets truchos del Valle
La causa investiga una red de falsificación de los Formularios Únicos de Tránsito (FUT), requisito obligatorio para obtener y renovar licencias de conducir profesionales. Soto Paiva, según la investigación, emitía certificados de “apto médico y psicológico” sin realizar ningún test real, a cambio de un pago, usando el sello y la firma de una psicóloga que había dado de baja su matrícula en abril de 2023 y ya no integraba sus centros de atención.
El circuito afectó a los municipios de Gaiman, Trelew, Dolavon y 28 de Julio. Cientos de choferes profesionales —de camiones de gran porte, colectivos, ambulancias y taxis— circularon por las rutas provinciales con aptos psicológicos adulterados.
150 delitos, no uno: el argumento de Gaiman
En una entrevista radial, el intendente Darío James explicó los fundamentos de la impugnación. El municipio rechaza que el caso se trate como un delito único o una falta administrativa menor. Con 150 damnificados documentados solo en Gaiman, la posición del ejecutivo municipal es que se cometieron 150 delitos independientes de falsificación de documento público.
James también advirtió sobre el riesgo vial concreto: choferes profesionales habilitados sin control psicológico real que manejan camiones de gran porte, colectivos con pasajeros, ambulancias y taxis. “Si llega a pasar un accidente grave por un problema psicológico de un chofer con estos carnets, ¿a dónde van a venir? A la municipalidad, porque nosotros somos los responsables”, señaló.
La ruptura con la fiscalía
El intendente también denunció una ruptura con el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez. Según James, hace cuatro meses visitó el despacho del fiscal, quien le prometió avisar al municipio antes de tomar cualquier decisión. “No fue así, no nos avisaron nunca. Cuando nos dimos cuenta la decisión ya estaba tomada”, afirmó.
El municipio valoró en cambio el trabajo de la primera fiscal del caso, Julieta Gamarra, quien montó un operativo en el gimnasio municipal de Gaiman para tomar declaración a todos los damnificados.
El precedente que preocupa
Más allá del caso puntual, James planteó el problema institucional de fondo: resolver el fraude “pagando una platita” destruye la credibilidad en el sistema de salud y habilita la repetición. “Cualquiera va a hacer lo mismo en el futuro, total no pasa absolutamente nada. Tiene que haber una mancha en su currículum”, sostuvo.
La semana próxima, el juez Monti determinará si da lugar a la nulidad exigida por Gaiman —lo que forzaría un juicio oral y público— o si convalida el acuerdo entre fiscalía y defensa.
