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Julieta Gamarra pidió que la investiguen tras el video de los 12 millones

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La fiscal de Trelew activó el mecanismo constitucional de vindicación luego de la difusión de un video que sugiere un presunto acuerdo para reducir una pena en una causa vinculada al barrio Constitución.

Sometimiento voluntario

La fiscal Julieta Gamarra se presentó este miércoles en Tribunales de Trelew para activar el mecanismo de vindicación previsto en el artículo 68 de la Constitución de Chubut, en medio del escándalo generado por la difusión de un video en el que se menciona un supuesto pago de 12 millones de pesos para obtener una condena reducida.

La fiscal Julieta Gamarra se presentó este miércoles en Tribunales

La escena, registrada en la mesa de entradas judicial, la mostró aguardando para formalizar un paso institucional que busca someter su actuación a investigación con el objetivo de despejar sospechas y resguardar su honor funcional. El mismo camino ya había sido utilizado por el procurador general Jorge Miquelarena.

El eje del caso: una causa ligada al barrio Constitución

Aunque en la grabación se menciona a Pablo Ezequiel “Chavo” Ferreyra, un delincuente con antecedentes en distintos sectores del Valle y también en Puerto Madryn, la causa que quedó bajo la lupa está vinculada a hechos ocurridos en el barrio Constitución de Trelew, conocido popularmente como las Mil Viviendas.

De acuerdo con lo que trascendió, el video exhibiría un fajo de dinero y una conversación en la que el abogado Martín Castro aludiría a una suma de 12 millones de pesos para asegurar una pena mínima de un año. El punto que desató mayor repercusión es que, según se conoció, la fiscalía encabezada por Gamarra habría intervenido en un pedido de juicio abreviado con una pena coincidente con la mencionada en esa filmación.

Una investigación atravesada por tensiones internas

La situación genera una dificultad adicional dentro del propio Ministerio Público Fiscal. Gamarra no es una funcionaria más dentro del esquema judicial y su aparición en el centro del escándalo abre interrogantes sobre quién debe llevar adelante una pesquisa con suficientes garantías de independencia.

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En ese contexto, la investigación impulsada en Trelew por disposición de Miquelarena deberá avanzar, en principio, bajo la intervención de funcionarios que no tengan vínculo jerárquico directo ni cercanía personal con las personas alcanzadas por la controversia.

El Consejo de la Magistratura, bajo presión

Más allá del plano penal, el caso también podría tener consecuencias institucionales en el Consejo de la Magistratura. La consejera Lucía Pettinari confirmó que Gamarra atraviesa el proceso de evaluación correspondiente a sus tres años de desempeño, una instancia decisiva para su continuidad o eventual remoción.

El escándalo irrumpe así en un momento especialmente sensible. Para muchos sectores, lo ocurrido profundiza el deterioro de la credibilidad pública en el sistema judicial y convierte este episodio en un elemento de peso dentro del análisis sobre el futuro de la fiscal.

Una señal para un sistema en crisis

Con parte de la cúpula del Ministerio Público alcanzada por pedidos de vindicación, la Justicia chubutense enfrenta ahora un desafío que excede a los nombres propios: demostrar que puede investigar con independencia un caso que golpea de lleno su propia legitimidad.

La discusión ya no pasa solo por el contenido de un video, sino por la capacidad real del sistema para probar que en los pasillos de Tribunales las decisiones no se negocian.

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