Gaiman
Denuncias, ausencia y malestar en Acción Social de Gaiman
El caso de Walter Mansilla, el vecino de Gaiman que reclama explicaciones por la separación provisoria de sus tres hijas, abrió cuestionamientos sobre el funcionamiento del área de Acción Social de la Municipalidad de Gaiman.
El lunes 13 de abril un vecino de Gaiman se presentó en las oficinas del Servicio de Protección de Derechos (SPD) para que le expliquen la medida que lo separó de sus tres hijas, de 3, 5 y 9 años. Walter Mansilla no estaba solo; se presentó junto a su abogado patrocinante. Sin embargo, y pese a la alta sensibilidad del reclamo, la ausente fue la responsable del área de Acción Social, Karina Méndez.
Aunque la atención del caso en la oficina municipal ese día estuvo a cargo de Daiana Echegoy, la psicóloga que coordina el Servicio de Protección de Derechos, la ausencia de la responsable sumó malestar entre quienes siguen de cerca la situación, y puso en evidencia una gestión política que evitó involucrarse directamente en un tema de alta sensibilidad social y jurídica.
Fue la intervención del abogado defensor Facundo Bonavitta la que permitió visibilizar las presuntas falencias en el proceso, mientras que la ausencia de Méndez, sin una respuesta pública, la que dejó a un padre de familia sin un interlocutor válido por parte del Estado municipal en su lucha por recuperar a sus hijas.
Karina Méndez es además pastora de la Iglesia Centro Cristiano Esperanza de Gaiman.
Denuncias
Está situación se suma a denuncias realizadas en la Comisaría de Gaiman. Según pudo saber El Valle Online hay personas que afirman haber sido grababas sin autorización. “Las denuncias quedan en la nada” aseguró una madre al afirmar al portal de noticias sentirse “afectada” por este accionar durante una vinculación en la que estaba presente la operadora Karina San Martín, y agregó que “después quise ver a Méndez, y siempre me esquivaba. Le dejé todas las copias de la denuncia penal, mi número y nunca se comunicó conmigo”.
También apuntó a casos de represalia por parte del Servicio de Protección de Derechos al afirmar que “se hacen informes desfavorables sin ni siquiera conocer las casas donde viven las familias”.
Debate más amplio
Aunque el Juzgado de Familia Nº1 de Trelew dispuso una medida de protección por 30 días en relación a las tres hijas de Mansilla, el caso de este padre dejó de ser solo un expediente sensible vinculado a una familia y empezó a instalar en Gaiman un debate más amplio: ¿cómo actúa el Servicio de Protección de Derechos?, ¿adónde se destinan los fondos para las familias vulnerables?, ¿qué preparación profesional tienen los directivos? y, finalmente, ¿quién asume la responsabilidad política cuando aparecen reclamos sobre intervenciones de este tipo?.
