Gaiman
Los pedidos de informes sin responder que incomodan a la gestión municipal
El 24 de mayo de 2022, el Concejo Deliberante de Gaiman, le dio un plazo legal de 10 días para que el intendente, Darío James, explique con detalles cuántos y quiénes son los funcionarios que designó en la planta política.
En medio de reclamos de austeridad y de mayor claridad en los conceptos de gasto público, el cuerpo deliberativo local, usó un instrumento legal para saber incluso cuánto cobra cada uno de los nombrados en dicho organigrama. También se denunció la ausencia de transparencia al no contarse con un Boletín Oficial para que la ciudadanía controle cómo se usan los recursos estatales. Mientras tanto, al intendente, se le volvieron a vencer los plazos legales para responder.
En el artículo primero del pedido de informes hay 7 incisos. El primero solicita saber el monto de las remuneraciones de todo el personal de planta política o Gabinete, con el detalle de nombre y categoría de revista.
En el Inciso B se le pidió a James que explique la nómina de funcionarios de todas las áreas y directores a cargo.
El Inciso C pide la nómina del personal de Gabinete, categorías, situación de revista, cargo y funciones específicas.
El inciso D pide la nómina de profesionales que prestan servicios, tipo de vínculo contractual y tareas encomendadas a cada uno.
El F exige que se explique la cantidad de contratos directos (con y sin convenio Municipio-Provincia), remuneraciones, cantidad de horas de trabajo y vencimiento de contratos.
El punto G pide la lista de los trabajadores semanales detallando fecha de ingreso, situación de revista, lugares de trabajo, tareas que realiza y cuánto cobran.
Al iniciar su intendencia, Darío James echó a un importante número de personas registradas en la nómina estatal local. Algunos de probada holgazanería y en otros casos, fueron cuadros técnicos. Hubo casos donde el municipio informó por teléfono a los empleados, sin acuerdo por finalización de contratos. Por ese motivo intentan saber si lo que hizo fue un ajuste en el gasto público o un mero reemplazo de cargos y puestos discrecionalmente.
