Senado aprueba cambios en coparticipación e impuesto a los combustibles
El Senado de la Nación aprobó este jueves 10 de julio de 2025 dos proyectos impulsados por la oposición y respaldados por los gobernadores, que reforman el esquema de coparticipación del impuesto a los combustibles y la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida responde a los reclamos provinciales por la caída de la coparticipación y la discrecionalidad del Gobierno en la asignación de fondos.
Detalles de la reforma
Ambas iniciativas fueron sancionadas con más de los dos tercios de los votos. La reforma sobre el impuesto a los combustibles obtuvo 56 votos afirmativos y uno negativo —del senador Luis Juez—, resultado idéntico al proyecto sobre los ATN. Para evitar cuestionamientos formales, la Cámara se declaró previamente en comisión.
El proyecto sobre combustibles elimina cinco fideicomisos y fondos nacionales. Dispone que los recursos que integraban esos mecanismos —salvo los establecidos por la Ley 23.966— se distribuyan conforme a los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal. La nueva asignación establece que el 14,29% de lo recaudado por el impuesto quedará en el Tesoro Nacional, el 28,69% se destinará al Sistema Único de Seguridad Social, y el 57,02% se distribuirá entre las provincias. De este último porcentaje, el 25% se repartirá en partes iguales y el 75% según los índices de coparticipación.
Por su parte, la reforma de los ATN dispone la distribución automática y diaria de esos recursos, conforme a la Ley 23.548, e invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la norma.
Federalismo y críticas al Ejecutivo
Durante el debate, varios senadores resaltaron la necesidad de fortalecer el federalismo ante el recorte de fondos por parte del Ejecutivo. El senador puntano Fernando Salino subrayó que la medida «no se trata de crear nuevos impuestos, sino de redistribuir lo ya existente bajo parámetros constitucionales».
Desde Córdoba, Alejandra Vigo cuestionó al presidente Javier Milei por desconocer la realidad del interior del país, y advirtió que «sin fondos, se afecta la salud, la educación, la seguridad y la justicia en las provincias». La rionegrina Mónica Silva remarcó que las leyes aprobadas «no son para hacer favores», sino para corregir inequidades. Martín Lousteau y Pablo Blanco criticaron la discrecionalidad con la que el Gobierno retiene recursos y manifestaron su apoyo a ambas leyes.
Incluso senadores cercanos al oficialismo, como Beatriz Ávila, respaldaron las reformas. Señalaron que los recursos «no son del Gobierno nacional, sino de las provincias, que son preexistentes a la Nación».
Advertencias sobre el rumbo económico
El radical Eduardo Vischi lamentó la ausencia de un Presupuesto Nacional, lo que, según afirmó, genera un uso discrecional de los recursos. Señaló que las leyes aprobadas no implican un mayor gasto, sino que «representan un acto de justeza federal».
En un tono más crítico, Juliana di Tullio denunció maniobras irregulares durante la sesión y advirtió sobre el intento del Ejecutivo de judicializar las leyes aprobadas. «Nunca vi que un presidente quiera judicializar una ley votada por el Congreso», expresó.
El cierre del debate estuvo a cargo de José Mayans, quien advirtió que los gobernadores «ven venir el desastre económico» y por ello promovieron el tratamiento urgente de estas normas. «Los une el espanto», afirmó, en alusión a la tensión creciente con el Ejecutivo.
