Policiales
Presos sin planes sociales y celulares en Argentina
La cárcel sin privilegios es el nuevo paradigma que impulsa el gobierno argentino con una reforma que elimina los planes sociales para detenidos y condenados. Anunciada el 12 de mayo por el vocero presidencial Manuel Adorni, la medida, gestionada por los ministerios de Capital Humano y Justicia, se complementa con la prohibición de celulares en cárceles y el programa Ocio Cero, que obliga a los presos a trabajar. Mientras el oficialismo celebra el fin de “beneficios garantistas”, voces críticas advierten sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
Fin de los planes sociales
El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, y el de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, implementaron una normativa que impide que personas detenidas a disposición del Poder Judicial o con condena penal firme accedan a planes sociales, como el ex Potenciar Trabajo. “Quienes causaron daños deben pagar sin beneficios ni excepciones”, afirmó Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada.
Según el vocero, la medida busca terminar con lo que el gobierno llama una “era de privilegios” en el sistema penitenciario, asegurando que los recursos se destinen a quienes “no han delinquido”.
Cárceles sin celulares ni ocio
La reforma incluye dos iniciativas adicionales. Primero, se prohibió el uso de celulares en las cárceles, una práctica que, según Adorni, facilitaba actividades delictivas desde prisión.
Segundo, el programa Ocio Cero, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, exige que los reclusos trabajen durante su condena. “La cárcel no es un hotel ni un recreo”, enfatizó Adorni, destacando que el plan busca fomentar la disciplina y la reinserción laboral.
El gobierno estima que estas medidas ya se aplican en varias cárceles federales, aunque no detalló cuántos presos participan.
Contexto y reacciones
La reforma se enmarca en la agenda de ajuste y “orden” del presidente Javier Milei, que prioriza la reducción de gastos estatales y el endurecimiento de políticas penales.
En febrero de 2024, el gobierno disolvió el INADI, trasladando sus funciones al Ministerio de Justicia, y en marzo de 2025 eliminó áreas del Ministerio de Capital Humano vinculadas a intermediarios sociales, según comunicados oficiales. Estas decisiones reflejan un enfoque de “tolerancia cero” hacia lo que el oficialismo considera abusos del sistema.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionan la medida. Argumentan que eliminar planes sociales puede dificultar la reinserción de ex presos, especialmente en un contexto de pobreza al 57%, según el INDEC. “El trabajo penitenciario debe ser voluntario y remunerado, no una imposición”, señaló un informe de CELS.
Además, la prohibición de celulares podría limitar el contacto familiar, clave para la rehabilitación, según estándares internacionales.
Un debate abierto
La política de cárcel sin privilegios genera aplausos entre quienes exigen mano dura, pero también preocupación por sus efectos a largo plazo. Mientras el gobierno avanza con su agenda, la falta de datos sobre la implementación del programa Ocio Cero y el impacto en los 15.000 presos federales, según el Servicio Penitenciario, deja interrogantes.
La reforma, presentada como un fin a los “beneficios garantistas”, abre un debate sobre el equilibrio entre castigo y rehabilitación en Argentina.
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