Sociales
La venta de tierras a extranjeros vuelve a la agenda legislativa
El Senado de la Nación tratará este jueves un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que elimina los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Mientras el oficialismo sostiene que la medida atraerá inversiones, la oposición advierte sobre posibles efectos en la soberanía territorial y el control de recursos estratégicos. En Chubut, donde existen antecedentes de grandes extensiones en manos de capitales extranjeros, el debate cobra especial relevancia.
La venta de tierras a extranjeros vuelve este jueves al centro de la agenda legislativa con el tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional. Entre las modificaciones propuestas, la iniciativa elimina los límites establecidos por la Ley 26.737 de Tierras Rurales, vigente desde 2011, que regula la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras.
Según el Poder Ejecutivo, la reforma busca fortalecer el derecho de propiedad, reducir regulaciones y favorecer la llegada de inversiones. En cambio, sectores de la oposición sostienen que la iniciativa elimina herramientas de control sobre un recurso considerado estratégico y reabre el debate sobre la soberanía territorial.
Qué establece la ley vigente
La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, fija que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada municipio.
También establece que ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje permitido, limita la superficie que puede poseer un mismo titular extranjero en la zona núcleo y creó el Registro Nacional de Tierras Rurales para transparentar quiénes son los propietarios reales de esos inmuebles.
La norma incorporó además restricciones para la adquisición de tierras con cuerpos de agua permanentes considerados estratégicos.
Qué cambia con la reforma
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional elimina esos límites para personas físicas y empresas privadas extranjeras.
El dictamen aprobado en comisión mantiene la prohibición para que otros Estados adquieran tierras rurales y conserva restricciones para inmuebles ubicados en zonas de frontera.
Además, incorpora el denominado silencio administrativo positivo: si las autoridades competentes no emiten una resolución dentro de los 180 días posteriores a una solicitud de compra, la operación quedará aprobada automáticamente.
Qué dice el Gobierno
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno nacional sostiene que la legislación vigente impone restricciones que desalientan inversiones y afectan el ejercicio del derecho de propiedad.
El vocero presidencial también defendió la iniciativa al señalar que la ley sancionada en 2011 “criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros”, una situación que, según el oficialismo, contradice el espíritu de la Constitución Nacional.
Qué cuestiona la oposición
La reforma encuentra una fuerte resistencia en sectores de la oposición.
La senadora jujeña Carolina Moisés, autora de un dictamen de minoría, afirmó durante el debate parlamentario que “no existe país en el mundo que flexibilice de esta manera la venta de tierras a extranjeros”.
En el mismo sentido, Diego Morales, director de Litigio del CELS, sostuvo que los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales muestran que actualmente las tierras extranjerizadas representan alrededor del 5,57% del territorio nacional, porcentaje inferior al límite del 15% establecido por la ley vigente. Sin embargo, advirtió que existen departamentos donde esa participación supera ampliamente ese valor.
¿Qué puede cambiar para Chubut?
Aunque la reforma tiene alcance nacional, el debate adquiere especial interés en Chubut, una provincia donde desde hace décadas existen discusiones sobre la propiedad de grandes extensiones rurales por parte de capitales extranjeros.
Casos como las estancias pertenecientes al grupo Benetton o el conflicto por el acceso a Lago Escondido, vinculado al empresario británico Joe Lewis, instalaron reiteradamente el debate sobre el uso del territorio, el acceso a recursos naturales y el alcance del derecho de propiedad.
La eventual aprobación de la reforma no modifica las propiedades ya existentes ni obliga a vender tierras, pero sí eliminaría los límites nacionales para futuras operaciones de compra por parte de personas y empresas extranjeras.
Qué hacen otros países
La comparación internacional fue uno de los argumentos centrales durante la discusión parlamentaria.
Lejos de avanzar hacia una liberalización total, varios países mantienen mecanismos de control sobre la compra de tierras agrícolas por parte de extranjeros.
En Estados Unidos, la legislación obliga a informar las adquisiciones de tierras agrícolas y numerosos estados impulsan restricciones adicionales por razones de seguridad nacional.
Australia exige autorizaciones estatales para determinadas inversiones rurales.
En Nueva Zelanda, la mayor parte de las tierras agrícolas consideradas sensibles requiere aprobación previa del Estado.
Canadá combina controles federales con limitaciones establecidas por las provincias.
En Brasil, la legislación fija límites al porcentaje de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras dentro de cada municipio.
Aunque los mecanismos son diferentes, la comparación muestra que varias economías mantienen controles específicos sobre la propiedad de tierras rurales cuando están involucrados recursos considerados estratégicos.
Dos visiones sobre un mismo debate
El tratamiento del proyecto de venta de tierras extranjeros vuelve a poner en discusión dos modelos sobre la regulación de la tierra.
Para el Gobierno, flexibilizar la compra de campos por parte de inversores extranjeros favorecerá la llegada de capitales y eliminará restricciones consideradas innecesarias.
Quienes rechazan la reforma sostienen, en cambio, que la tierra no constituye un bien económico más, sino un recurso estratégico vinculado con la producción de alimentos, el acceso al agua, el desarrollo territorial y la soberanía.
La votación prevista para este jueves definirá si Argentina mantiene el régimen de límites vigente desde hace casi quince años o avanza hacia un nuevo esquema para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
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