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¿Regular o prohibir el comercio de mascotas? un polémico proyecto y su impacto en Chubut

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Una iniciativa presentada en el Congreso de la Nación propone crear el Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía (RNEAC) para registrar, habilitar y controlar refugios, criaderos, hogares de tránsito y pensionados de animales de compañía. El proyecto divide aguas: el oficialismo sostiene que busca ordenar una actividad que hoy funciona con controles dispersos, mientras organizaciones proteccionistas advierten que podría terminar dando un marco legal a la cría comercial de mascotas.

La discusión todavía no llegó al recinto, pero ya generó un fuerte debate público y abre una pregunta para provincias como Chubut: ¿están preparados los refugios y organizaciones que trabajan con animales para cumplir nuevos requisitos nacionales?

El proyecto fue presentado por la diputada nacional Karen Reichardt, de La Libertad Avanza, bajo el expediente 3401-D-2026. La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el 16 de julio y se encuentra en una etapa inicial, sin tratamiento en el recinto.

Qué propone el proyecto

La propuesta crea el Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía (RNEAC), donde deberían inscribirse quienes desarrollen actividades vinculadas con la cría, alojamiento, rescate, tránsito o servicios relacionados con perros y gatos.

El objetivo declarado es establecer un piso común de requisitos en todo el país:

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  • condiciones mínimas de infraestructura;
  • asistencia veterinaria;
  • protocolos sanitarios;
  • identificación de animales;
  • controles periódicos;
  • límites de capacidad para evitar situaciones de hacinamiento;
  • sanciones para quienes funcionen sin habilitación.

El proyecto también incorpora el concepto de los animales como seres sintientes y toma como referencia las llamadas “Cinco Libertades” del bienestar animal, que incluyen la protección frente al hambre, la enfermedad, el dolor, el miedo y las condiciones que impidan un comportamiento normal.

La discusión central: ¿regular o prohibir?

El punto que generó mayor conflicto es que la iniciativa coloca dentro del mismo marco regulatorio a refugios, hogares de tránsito y criaderos comerciales.

Para la diputada Reichardt, la falta de regulación favorece la informalidad y deja a los animales sin controles suficientes. Su postura es que establecer reglas claras permitiría detectar abusos, mejorar la trazabilidad y controlar actividades que actualmente existen.

Desde sectores proteccionistas la mirada es diferente. Organizaciones dedicadas al rescate animal sostienen que los criaderos no deberían ser regulados sino prohibidos, porque consideran que la reproducción comercial profundiza el problema de abandono y sobrepoblación.

El argumento de los críticos es que exigir los mismos estándares burocráticos a un criadero comercial y a un refugio sostenido por voluntarios podría perjudicar a estos últimos, que muchas veces funcionan con donaciones y recursos propios.

Qué existe hoy en Argentina

Actualmente, la principal norma nacional vinculada al maltrato animal es la Ley 14.346, que sanciona los actos de crueldad y malos tratos.

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El proyecto de Reichardt apunta a cubrir otro aspecto: no solamente castigar cuando ocurre un daño, sino establecer controles previos sobre lugares donde se alojan, crían o recuperan animales.

La situación actual es fragmentada. Existen regulaciones provinciales y municipales, pero no un registro nacional único que reúna información sobre refugios, criaderos y establecimientos vinculados a animales de compañía.

El desafío para Chubut

Aunque el debate nació en Buenos Aires, sus posibles efectos alcanzarían a provincias como Chubut, donde la realidad de la protección animal tiene características particulares.

En muchas localidades patagónicas los refugios y hogares de tránsito funcionan gracias al trabajo voluntario, con apoyo de vecinos y organizaciones que afrontan gastos de alimento, medicamentos y atención veterinaria.

La eventual aplicación de un sistema nacional abre varias preguntas:

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  • ¿Cuántos refugios y hogares de tránsito podrían cumplir los requisitos de habilitación?
  • ¿Quién realizaría los controles en una provincia con grandes distancias?
  • ¿Qué capacidad tienen los municipios para fiscalizar?
  • ¿La nueva regulación fortalecería a las organizaciones o podría dejar fuera a algunas por falta de recursos?

En ciudades del Valle Inferior del Río Chubut, donde el problema de animales abandonados forma parte de la agenda municipal, el debate no es solamente legislativo: también involucra cómo se gestiona la sobrepoblación canina, las campañas de castración y el trabajo cotidiano de quienes rescatan animales.

Una discusión que recién empieza

El proyecto todavía debe atravesar el debate parlamentario y podría recibir modificaciones antes de cualquier tratamiento.

La discusión de fondo enfrenta dos posiciones: quienes consideran que la solución pasa por ordenar y controlar una actividad existente, y quienes sostienen que ciertas prácticas, como la cría comercial, no deberían formar parte de un modelo de protección animal.

Mientras el Congreso analiza la iniciativa, en Chubut la pregunta será otra: cómo lograr que cualquier nueva regulación contemple la realidad de una provincia extensa, con municipios pequeños y organizaciones que muchas veces sostienen con esfuerzo privado una problemática pública.

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