Sociales
Una madre reclama la restitución de su bebé de cuatro meses en Caleta Olivia
Una joven madre de Caleta Olivia reclamó públicamente la restitución de su bebé de cuatro meses luego de que una medida judicial dispusiera su separación del hogar en el marco de una intervención de los organismos de protección de la niñez.
ElCaletense.Net difundió el caso a través de una entrevista con Tiara Díaz, madre del niño, y Sandra Espinoza, abuela paterna. La situación de Tiara, apartada de su bebé desde el pasado 28 de julio, tomó un giro de mayor severidad institucional.
Cómo comenzó el caso
Según relataron las entrevistadas, la situación se inició tras una denuncia por violencia de género que motivó la intervención de la Justicia de Familia y la realización de evaluaciones psicológicas y toxicológicas.
De acuerdo con su testimonio, un primer análisis realizado en el Hospital Zonal habría dado resultado positivo para consumo de sustancias. Sin embargo, aseguraron que un laboratorio privado realizó posteriormente nuevos estudios, cuyos resultados fueron negativos.
La joven madre afirmó, además, que alimenta a su hijo mediante lactancia materna exclusiva y negó haber consumido drogas.
El cambio de la medida y las irregularidades denunciadas
Siempre según el relato de Díaz y Espinoza, la Justicia dispuso inicialmente que la madre y el bebé permanecieran bajo el resguardo de la abuela paterna mientras continuaban las actuaciones.
No obstante, las entrevistadas señalaron que horas después las autoridades les notificaron una nueva resolución que ordenó retirar al niño del hogar. Tanto Díaz como Espinoza manifestaron que no comprenden los fundamentos de esa decisión y sostuvieron que colaboraron con todas las instancias solicitadas.
La abogada patrocinante de Tiara Díaz, Pamela Pérez, hizo públicas graves denuncias sobre el procedimiento llevado a cabo por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad, conducida por la funcionaria Susana Pino. La letrada sostuvo que la separación del lactante se ejecutó sin que existiera una resolución administrativa formalizada por escrito ni notificada legalmente, además de denegársele el acceso al expediente y al legajo del caso. Esto, según Pérez, representa una abierta violación al derecho de defensa y al debido proceso legal.
El pedido de la familia y las acciones legales
Durante la entrevista, la madre y la abuela paterna solicitaron que la Justicia revise la medida adoptada para que el bebé pueda regresar junto a su madre mientras continúa el proceso de evaluación. Expresaron su preocupación por la interrupción de la lactancia materna, al señalar que el niño se alimenta exclusivamente mediante ese método.
Por estas razones, Pérez confirmó la presentación de un pedido de nulidad absoluta sobre todo lo actuado y reclamó la restitución inmediata del niño con su madre. La defensa puso especial énfasis en que el lactante se alimenta de manera exclusiva mediante leche materna y remarcó que el organismo interviniente incumplió la Ley de Protección Integral de Niñez, la cual exige agotar todas las instancias de apoyo y fortalecimiento familiar antes de recurrir a la institucionalización como última alternativa. Inicialmente se había dispuesto que el niño permaneciera al cuidado de su abuela con el acompañamiento materno, medida que fue revocada intempestivamente para proceder al aislamiento del menor.
Ante este escenario, las acciones legales escalaron tanto al plano penal como al administrativo. La letrada radicó una denuncia penal contra las autoridades y profesionales intervinientes para investigar la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En paralelo, anticipó que requerirá formalmente al Gobierno Provincial la intervención de la oficina local y la realización de una auditoría integral que evalúe la idoneidad del personal y el estricto apego a la ley en sus intervenciones, advirtiendo que este tipo de irregularidades no constituyen un hecho aislado en la localidad.
Hasta el momento, las autoridades judiciales y los organismos de protección de la niñez no realizaron declaraciones públicas sobre el caso.
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