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Discapacidad tuvo cambios y no habría consenso para aprobar el Presupuesto Nacional 2027

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El capítulo dedicado a discapacidad del proyecto de Presupuesto 2027 abrió una fuerte interna dentro del Gobierno nacional y puso en tensión las negociaciones que el oficialismo mantenía con bloques aliados en el Congreso.

El conflicto se desató después de que el Poder Ejecutivo enviara el proyecto de Presupuesto, cuyo Capítulo VI incorpora modificaciones de fondo a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Según medios nacionales varios diputados de La Libertad Avanza se encontraron con el contenido una vez que la iniciativa ya había ingresado formalmente al Parlamento.

La sorpresa tuvo lugar en un momento particularmente sensible: el oficialismo venía negociando con distintos bloques una propuesta alternativa para reemplazar o modificar el régimen de emergencia y alcanzar un acuerdo parlamentario.

Qué proponía el proyecto original

Los artículos 36 a 41 del Presupuesto planteaban cambios sobre distintos aspectos del sistema.

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Entre ellos aparecía la modificación del régimen de pensiones, que volvía a utilizar el concepto de “Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral” y establecía nuevas condiciones para acceder al beneficio.

El proyecto también planteaba que la pensión fuera incompatible con un empleo formal o con la inscripción en el régimen de monotributo, a diferencia del esquema vigente, que contempla determinadas compatibilidades dentro de un límite de ingresos.

Otro de los puntos centrales estaba relacionado con las prestaciones. El texto eliminaba los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas y modificaba el mecanismo de actualización de los aranceles que reciben los prestadores.

También proponía derogar artículos de la Ley 27.793 vinculados con la emergencia y con derechos y mecanismos de cobertura del sistema.

El problema apareció dentro del propio oficialismo

La incorporación de estos cambios generó malestar entre legisladores libertarios que venían participando de las negociaciones con otros bloques.

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Según Infobae, dentro del oficialismo algunos diputados reconocieron que desconocían el contenido de ese capítulo y consideraron que el texto, tal como había sido enviado, no tenía posibilidades de avanzar.

El Cronista también describió el episodio como un problema de coordinación interna y señaló que las modificaciones incluidas en el Presupuesto avanzaban en una dirección diferente de la propuesta que el oficialismo venía trabajando con sectores aliados.

La discusión involucró a distintas áreas de la administración nacional y derivó en acusaciones cruzadas sobre quién había participado de la elaboración del capítulo y cómo había llegado al proyecto final.

Un conflicto que amenaza las negociaciones por el Presupuesto

La cuestión de discapacidad tiene además un antecedente reciente que vuelve especialmente sensible la discusión.

El año pasado, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad y posteriormente el Congreso insistió con su sanción. La disputa derivó también en reclamos de organizaciones, movilizaciones y presentaciones judiciales.

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Ahora, la inclusión de cambios sobre el sistema dentro del Presupuesto volvió a colocar el tema en el centro de la agenda parlamentaria.

El problema para el oficialismo no se limita al contenido de los artículos. La discusión puede afectar la relación con bloques que el Gobierno necesita para construir mayorías y avanzar con el Presupuesto 2027.

Por eso, durante el 17 de septiembre, diputados oficialistas habrían comenzado a plantear que el capítulo debía ser revisado y que la discusión debía retomar el camino de negociación con los bloques aliados.

Por qué la discusión tiene impacto más allá del Congreso

La disputa no es solamente legislativa.

Las modificaciones involucran directamente a personas con discapacidad, familias, prestadores, obras sociales, prepagas y organismos estatales que forman parte del sistema de atención.

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Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con el financiamiento de las prestaciones y con la actualización de los valores que reciben quienes brindan servicios. Otro eje sensible es el régimen de pensiones y las condiciones para conservar el beneficio cuando existe una actividad laboral registrada.

Por eso, cualquier modificación puede tener consecuencias concretas sobre tratamientos, transporte, acompañamiento, rehabilitación y otras prestaciones que forman parte de la vida cotidiana de miles de familias.

El capítulo que nadie esperaba terminó abriendo otra interna

El episodio dejó expuesta una diferencia entre la estrategia económica plasmada en el proyecto y las negociaciones políticas que el oficialismo venía llevando adelante en el Congreso.

Mientras el Gobierno busca avanzar con el Presupuesto 2027, el capítulo de discapacidad obligó a sus propios legisladores a revisar posiciones y retomar conversaciones con los bloques aliados.

La discusión continuará en el Congreso y el texto puede sufrir modificaciones durante el tratamiento parlamentario. Por ahora, el capítulo que llegó al Parlamento no debe interpretarse como el texto definitivo que regirá el sistema, sino como parte de un proyecto que todavía deberá atravesar el debate legislativo.

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Y en un tema tan sensible como discapacidad, esa diferencia resulta central: lo que hoy está escrito en el proyecto puede cambiar antes de convertirse en ley.

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