Policiales
Policías de Santa Fé se acuartelan en recamo laboral
La madrugada del lunes en Rosario marcó un punto de inflexión delicado para la seguridad en Santa Fe. Según trascendió alrededor de la 1 de la mañana se produjeron enfrentamientos físicos entre efectivos, luego de que jefes policiales ordenaran avanzar contra una concentración de colegas y familiares frente a la Jefatura de la Unidad Regional II.
La escena expuso una fractura inédita. Al advertir que debían reprimir a personas cercanas —familiares, compañeros, conocidos— decenas de patrulleros y motocicletas apagaron sus motores, cruzaron los móviles en avenidas clave de la ciudad y mantuvieron encendidas únicamente las balizas y sirenas, en un gesto de abierta desobediencia.
No fue un acuartelamiento formal. Pero tampoco fue una protesta convencional.
La respuesta política: “se cruzó una línea”
La reacción del Gobierno Provincial fue inmediata y dura. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que al menos 20 agentes fueron pasados a disponibilidad, acusados de haber instigado los hechos.
“Usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir”, afirmó el funcionario, quien además vinculó la protesta a sectores desplazados de la fuerza por causas de corrupción y a intentos de desestabilización mediante información falsa.
Desde la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro insisten en que no hay una rebelión ni un acuartelamiento total, pero reconocen que la situación obligó a reforzar la vigilancia y el control interno en Rosario y otras ciudades.
El trasfondo: salarios, desgaste y salud mental
Detrás del episodio hay un conflicto más profundo. Según datos que circulan en el propio ámbito policial, un salario inicial en febrero de 2026 oscila entre 1,9 y 2,7 millones de pesos, incluyendo adicionales y bonos.
Sin embargo, desde Apropol —el gremio policial no oficial— sostienen que la Canasta Básica Total supera esos ingresos cuando se consideran alquileres, deudas y gastos familiares, y aseguran que nueve de cada diez agentes no llegan a fin de mes.
El reclamo se agravó tras el suicidio reciente de un suboficial, hecho que volvió a poner sobre la mesa un problema estructural: dos de cada tres policías no tienen acceso regular a contención psicológica, en una fuerza sometida a altos niveles de estrés y violencia cotidiana.
Una tensión que ya no es solo Rosario
En las últimas horas se registraron vigilias frente a la Casa de Gobierno en Santa Fe capital, lo que encendió alarmas sobre un posible efecto contagio del conflicto.
El recuerdo de los acuartelamientos policiales de 2013 —que paralizaron varias provincias— reaparece inevitablemente en el análisis. Por ahora, el Gobierno sostiene que el conflicto está contenido y fragmentado, sin conducción visible ni paro generalizado.
Pero el episodio dejó una señal difícil de ignorar: cuando una fuerza armada del Estado duda en obedecer órdenes para no enfrentarse a los suyos, la crisis ya no es solo salarial. Es institucional.
