Pitbull agresivo no volverá al barrio, asegura el intendente de Gaiman

Gaiman, 26 de septiembre de 2024 – En respuesta al ataque sufrido por la vecina Mariana Gabriela Lillo a principios de abril, el intendente Darío James informó en una radio local sobre los avances en el caso del pitbull agresivo que la hirió gravemente. Durante una reciente reunión, James destacó la preocupación de los residentes por la posible restitución del animal a la comunidad.

James explicó que el perro continúa bajo custodia de zoonosis tras la denuncia presentada por Lillo. Sin embargo, la situación se ha complicado debido a la solicitud del dueño para que se le devuelva. Tras conversar con los vecinos y autoridades del Draig Goch Rugby Club, se concluyó que el pitbull representa una amenaza, especialmente para los niños que asisten al club y viven en la zona. “Es un perro muy agresivo, y todos coinciden en que no quieren que vuelva al barrio”, afirmó el intendente.

A pesar de los esfuerzos para resolver la situación, James reconoció que se enfrenta a una disputa legal complicada. La jueza que tomó el caso inicialmente se declaró incompetente y lo derivó al Tribunal de Faltas de Gaiman, dejando la resolución pendiente.

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La Dra. Lorena Bilicic, directora del Observatorio del Derecho Animal de Buenos Aires, ha solicitado la devolución del perro a su dueño. No obstante, el intendente enfatizó que la seguridad de los vecinos es primordial, asegurando que no permitirá que el animal regrese.

James también habló sobre las precarias condiciones de vida de la dueña del perro, que reside en la misma vivienda. Subrayó que se están tomando medidas para garantizar que este tipo de incidentes no se repitan en el futuro.

Mariana Gabriela Lillo sigue lidiando con las secuelas del ataque, tanto físicas como emocionales. “Se salvó de milagro”, comentó James, recordando cómo el perro fue retirado justo a tiempo por una de las personas responsables del animal.

El intendente concluyó que, aunque las protectoras de animales han mostrado interés en el caso, la solución debe equilibrar la protección de los derechos de los vecinos y la seguridad pública.

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