Policiales
Celulares en cárceles: qué cambia con la nueva ley y cómo impacta en el Valle
La Legislatura del Chubut aprobó una ley que prohíbe el uso, la tenencia y el ingreso de teléfonos celulares en todos los centros de detención de la provincia. La medida alcanza a cárceles, alcaidías y comisarías, y pone fin al esquema excepcional que se había implementado durante la pandemia.
Más allá del anuncio, la norma introduce cambios concretos en el funcionamiento cotidiano del sistema penitenciario y en la forma en que los internos podrán comunicarse.
Un cambio en la comunicación
Con la nueva ley, los dispositivos personales quedan completamente fuera del sistema. En su lugar, se implementará un esquema de comunicación controlado a través de telefonía institucional.
Esto significa que los internos podrán mantener contacto con familiares y abogados, pero sin acceso a internet ni redes sociales, y bajo supervisión del sistema penitenciario.
La implementación no será inmediata: el Poder Ejecutivo tiene hasta 180 días para reglamentar y poner en funcionamiento estos mecanismos.
Un problema que ya tenía impacto local
En el Valle, el uso de celulares en contextos de encierro no es un tema nuevo. En los últimos meses, distintos procedimientos policiales y requisas detectaron dispositivos dentro de centros de detención, en paralelo a denuncias por estafas telefónicas.
Según datos de la Brigada de Investigaciones, la Alcaidía de Trelew registró más de 200 denuncias vinculadas a este tipo de delitos durante la última temporada.
Entre la norma y la práctica
La ley establece un marco claro, pero su efectividad dependerá de la implementación en cada establecimiento.
“El sistema carcelario debe ser seguro para el ciudadano, y estos equipos hoy operan como herramientas de bandas criminales desde el interior de los establecimientos”, sostuvo el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz.
El control del ingreso de dispositivos, la instalación de sistemas alternativos de comunicación y la supervisión cotidiana serán los puntos centrales para que la medida tenga impacto real.
En ese sentido, el cambio no se limita a la prohibición en sí, sino a cómo se reorganiza el funcionamiento interno de los centros de detención en toda la provincia.
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